Un reciente informe oficial destapó un alarmante esquema de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Las auditorías revelaron el pago de sobreprecios que alcanzan hasta un 1.972% en la compra de insumos médicos y ortopédicos, dejando al descubierto un manejo presuntamente fraudulento de los fondos que debían garantizar la atención de miles de pacientes en todo el país.
La consecuencia más dramática de este desmanejo quedó expuesta con el caso de un beneficiario que requería una prótesis urgente para evitar la amputación de su pierna. Aunque en los expedientes administrativos del organismo el insumo figuraba como entregado y el remito contaba con una firma obtenida bajo engaño, el elemento jamás llegó al quirófano, provocando que la víctima sufriera la pérdida irreversible de su extremidad ante la impotencia de su familia.
Mientras el exfuncionario ya se encuentra procesado por liderar una presunta asociación ilícita, la Justicia federal profundiza la investigación sobre licitaciones direccionadas y un desfasaje contable multimillonario. Este indignante episodio resuena con fuerza a nivel nacional, evidenciando cómo el desvío sistemático de los recursos del Estado termina impactando de la manera más cruel en la salud y la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
